Pandilleros ejercen labor de "Vigilantes" en varias colonias de Soyapango
[La Prensa Gráfica]
En varias colonias de Soyapango los pandilleros tienen autorización de las directivas comunales para ejercer el cargo. Según la PNC, cometen un delito si portan armas ilegales o uniformes falsos, no por el hecho de pertenecer a una estructura delincuencial.
Varios vigilantes que trabajaban brindando seguridad en parqueos, pasajes y calles principales de algunas colonias en Soyapango, en San Salvador, fueron despedidos. Y esto porque las pandillas han encontrado una nueva forma de operar para obtener ingresos económicos y poseer el control territorial.
Un informe de inteligencia policial detalla que, a través de una llamada telefónica del penal de Apanteos, Santa Ana, exigieron a los miembros de las directivas comunales que se desarrollaran tres proyectos en las zonas donde opera la Mara Salvatrucha (MS13).
Estos serían: cierre de pasajes, talleres productivos y la toma del control de la vigilancia de calles y parqueos en las colonias.
En una de las colonias fueron asignados cuatro pandilleros para que vigilaran el sector por turnos de 12 horas, y realizaban los relevos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche.
El salario que devengan por su trabajo es de $100 quincenales, explica el documento policial.
Además, los propietarios de los vehículos deben cancelar desde $7 a $15 mensuales y, en caso de negarse a pagar las cantidades, son amenazados con que sus vehículos serán dañados.
Para poder ser vigilante en el país existe un reglamento que rige la contratación de personal que desempeña labores de seguridad privada y este establece ciertos requisitos a cumplir.
Los principales, según el subdirector de Seguridad Pública de la PNC, Howard Cotto, son: ser mayor de 18 años, poseer un nivel de estudios no menor de sexto grado, presentar constancia de carencia de antecedentes penales y policiales, estar en buen estado de salud mental e inscribirse en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y aprobar un curso de capacitación en el rubro.
Las funciones de la Policía, en este rubro, se basan en el cumplimiento de los estándares legales y la inscripción de las agencias de seguridad en el país, verificándolo a través de inspecciones a la empresa y supervisiones de campo.
Sin embargo, no existe un reglamento o ley que permita a la Policía regular y controlar qué tipo de personas son contratadas como vigilantes. “Cuando sucede que nos encontramos con personas que se conforman con esa función de vigilar, pero no están registradas, entonces no cabe la supervisión y la inspección porque no hay un registro de ellos”, comentó Cotto.
Los pandilleros que han ocupado el cargo de vigilantes han sido autorizados por los miembros de las directivas, quienes además les han proporcionado de radios intercomunicadores, bicicletas, uniformes y corvos. Según el informe de inteligencia, los miembros de las directivas han acatado las órdenes de autorizar los carnés y los implementos para desempeñar la labor por temor a represalia.
Por tal razón, algunos habitantes han optado por no involucrarse en las directivas comunales para no formar parte de las operaciones de las pandillas en dichos sectores.
De acuerdo con el subdirector de Seguridad Pública, la función que están desempeñando los pandilleros es ilegal debido a que se está violentando el artículo 288 del Código Penal, que regula el uso de documentos de identidad y la tenencia y el uso indebido de trajes o uniformes, en este caso, de vigilantes. No obstante, deja claro que por el hecho de ser pandilleros no viola ninguna normativa para desempeñar el cargo. “Al él no lo podemos detener por el hecho de ser pandillero en sí, porque yo necesito que ese miembro de pandillas esté o haya cometido algún delito. Puedo tener la información de que es pandillero, pero no tengo orden de captura contra él”, manifestó el subdirector.
En el informe, la PNC reveló que la forma de operar de las pandillas se está expandiendo en otras comunidades donde opera dicha estructura, utilizando, en primera instancia y a través de amenazas, a los habitantes para que se hagan responsables de los trámites en la alcaldía para adquirir los permisos de cierre de calles.
Según Cotto, la colocación de portones puede inhabilitar o restringir el paso a la PNC; no obstante, señaló que la responsabilidad de otorgar los permisos está en manos de las alcaldías.
La policía no descarta que el control territorial, en esta nueva forma de operar, se expanda a más comunidades, y que además les permita extorsionar, aumentar el narcomenudeo y obtener ingresos económicos para la pandilla.
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